Procesaron con prisión preventiva a Raúl Martins por lavado de activos y le trabaron un embargo por 300 millones de pesos

La Justicia federal procesó con prisión preventiva a Raúl Martins, exagente de la Secretaría de Inteligencia del Estado, y le trabó un embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos. La decisión fue adoptada por la jueza María Servini en el marco de una causa por lavado de activos.

Martins, de 77 años, quedó a disposición del juzgado tras su extradición desde México, donde había sido detenido en 2019. El traslado a la Argentina se concretó desde Cancún, según fuentes judiciales.

El núcleo de la investigación

La resolución judicial sostiene que Martins habría intervenido en operaciones destinadas a incorporar al circuito económico formal bienes supuestamente originados en la explotación sexual de mujeres. La maniobra investigada abarca la participación de sociedades argentinas y extranjeras, el uso de poderes de administración y la intervención de familiares, de acuerdo con el fallo.

Para la magistrada, existía mérito suficiente para avanzar con el procesamiento. Consideró que una sociedad constituida antes del hecho investigado puede ser utilizada con posterioridad para administrar u ocultar activos de origen ilícito, y que la fecha de creación de las firmas no alcanzaba, por sí sola, para descartar las maniobras señaladas por la fiscalía interviniente.

Los planteos de la defensa

• Martins rechazó responder preguntas durante la indagatoria y presentó un escrito en el que pidió el sobreseimiento o, en subsidio, la falta de mérito.
• Adujo que las 26 operaciones que se le atribuyen, entre ellas adquisiciones de inmuebles y administración de sociedades, correspondían a los períodos 2009, 2010, 2011 y 2012.
• Sostuvo que esas fechas eran anteriores al tramo de explotación sexual que consideró firme, comprendido entre enero de 2013 y octubre de 2014.
• Señaló que el antecedente penal se reducía al local de avenida Juan B. Justo 5302, en el barrio porteño de Villa General Mitre, y afirmó que las denuncias sobre otros nueve establecimientos habían sido archivadas por inexistencia del delito de trata de personas.

Identificación del expediente y próximos pasos

El expediente se inició el 6 de marzo de 2013, a partir de una comunicación anónima al Ministerio de Seguridad que alertaba sobre una posible explotación sexual de menores en el establecimiento de Villa General Mitre, según consta en el expediente.

La causa quedó en manos de la fiscalía interviniente, identificada con el número 7, que tendrá a su cargo la continuidad de la investigación. La defensa de R.M. ya anunció que cuestionará la resolución, por lo que la próxima instancia será la Cámara Federal de Apelaciones, que deberá confirmar o revocar el procesamiento con prisión preventiva dispuesto por Servini.