Mendoza abrió un canal gratuito para que los consumidores renegocien sus deudas y eviten el default
La Provincia habilitó una conciliación ante la Oficina de Defensa del Consumidor para discutir quitas, plazos y nuevos esquemas de cuotas con bancos, financieras, mutuales y cooperativas. El mecanismo aplica a deudas de tarjetas y préstamos personales, con topes de capital y umbrales de ingreso que la Provincia busca monitorear de cerca.
La Provincia de Mendoza puso en marcha un procedimiento de conciliación gratuito para que los consumidores finales puedan sentarse frente a sus acreedores y renegociar las condiciones de deudas que comprometen el presupuesto familiar. La iniciativa, canalizada a través de la Oficina de Conciliación de Reestructuración de Deudas de Consumo (OCDC), dependiente de Defensa del Consumidor, apunta a descomprimir situaciones de insolvencia personal sin necesidad de recurrir a instancias judiciales. Para la periodista Andrea Carrizo, especializada en Economía, se trata de un paso relevante en un contexto en el que el financiamiento al consumo muestra una dinámica muy distinta a la de 2024.
La herramienta está destinada a personas con domicilio real en Mendoza que califiquen como consumidoras finales y atraviesen una situación grave o inminente de insolvencia personal o familiar. La Provincia tomó como referencia un criterio operativo concreto: los compromisos financieros deben superar el 30% de los ingresos mensuales netos del grupo conviviente. Cuando se verifica una condición de especial vulnerabilidad, ese umbral baja al 25% y se amplía el universo de hogares habilitados a pedir la conciliación.
Quiénes pueden acceder al procedimiento
- Hogares con menores de edad a cargo.
- Personas con discapacidad.
- Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo.
- Personas desempleadas.
- Beneficiarios de programas sociales.
- Trabajadores informales.
A ese requisito de ingresos se suma un tope de capital: el total adeudado no puede superar el equivalente a 100 salarios mínimos, vitales y móviles vigentes al momento de solicitar la intervención. En paralelo, quedan fuera del procedimiento las obligaciones con garantía hipotecaria, las deudas alimentarias, las multas y sanciones penales, y las deudas de origen empresarial o comercial ajenas al consumo familiar. Vamos a los números: ese tope de 100 salarios mínimos funciona como un cortafuegos para que el mecanismo se concentre en perfiles de endeudamiento medio y bajo, y no termine absorbiendo casos que excedan la capacidad operativa de la OCDC.
Qué deudas se pueden renegociar y qué alternativas hay sobre la mesa
El alcance de la conciliación cubre préstamos personales, financiamiento de compras, tarjetas de crédito y créditos otorgados por plataformas financieras autorizadas, mutuales y cooperativas. La Provincia dejó afuera, deliberadamente, los créditos con garantía hipotecaria y las deudas alimentarias, por entender que requieren otro tipo de tratamiento. Para la cobertura económica de este diario, la clave es que cualquier cambio depende de un acuerdo con los acreedores: Defensa del Consumidor no tiene facultades para imponer quitas, plazos ni tasas de manera unilateral.
Sobre la mesa de negociación pueden aparecer, entre otras, la extensión del plazo para cancelar las obligaciones, la fijación de períodos de espera, la eliminación de intereses punitorios y cargos por mora, y la readecuación del esquema de cuotas. La instrumentación concreta exige que la persona solicitante presente un listado de acreedores, los importes adeudados y un detalle actualizado de activos y pasivos. Una vez recibido el pedido, Defensa del Consumidor cita a los acreedores, que tienen hasta 10 días hábiles para informar su posición. Andrea Carrizo, Economía, señaló que el dato a mirar el mes que viene es cuántos acreedores aceptan sentarse a negociar y qué porcentaje de los acuerdos cerrados efectivamente se cumplen, ya que allí se medirá si el nuevo canal se traduce en alivio real o queda en una instancia declamativa.
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