Declaró la socia de la concesionaria de Pilar y apuntó contra clientes morosos por dos millones de dólares

Cynthia Chamoles, de 44 años, socia y pareja del titular de Autos Pilar Premium, prestó declaración indagatoria ante el fiscal Andrés Quintana, de la Unidad Funcional de Instrucción 4 de Pilar, según fuentes judiciales. La mujer fue detenida junto a Carlos González, de 43, en su domicilio del barrio cerrado Las Condes, en el partido de Pilar.

La versión de la imputada

En su declaración, C.Ch. atribuyó los incumplimientos a un desfasaje generado por compradores que adquirieron vehículos con financiamiento y dejaron de pagar en el último período. Aseguró que conserva pagarés documentados por entre 500.000 y 600.000 dólares y que el total de deudas a cobrar trepa a unos dos millones de dólares, de acuerdo con el expediente.

Entre los deudores mencionó a un DJ de reconocida trayectoria, cuya identidad se mantiene bajo reserva judicial. Sobre él, declaró: “Se le entregó una Land Rover Evoque. Nos debe 120.000 dólares. Nunca nos pagó”. También hizo referencia a una Lamborghini Urus valuada en 800.000 dólares, con embargo vigente, cuya liberación consideró clave para recuperar liquidez.

Los damnificados

La causa identifica entre las víctimas a Joaquín Pichot, hermano del ex capitán de Los Pumas Agustín Pichot, quien habría entregado una camioneta Ford Ranger Raptor en consignación sin recibir el producido de la venta. También figura el diputado nacional Manuel Quintar, quien según la denuncia abonó 285.000 dólares por una Tesla Cybertruck que nunca le fue entregada, parte mediante transferencias bancarias y parte en efectivo. El expediente registra al menos 35 damnificados, precisaron las fuentes consultadas.

La versión de González

Por su parte, C.G. describió en su indagatoria un descalce financiero de seis millones de dólares. Relató que la empresa creció desde un local en el shopping Champagnat hasta una sede sobre la colectora del ramal Pilar de la Panamericana, donde llegó a vender cien vehículos por mes. Atribuyó el inicio de la debacle a una causa federal previa por desobediencia, vinculada al uso de un predio lindante a la autopista como playa de exhibición no autorizada. El juez federal de Campana ordenó el retiro de los rodados; cuando la concesionaria volvió a ocupar el espacio, el magistrado dispuso el secuestro de nueve unidades y procesó a González por desobediencia.

La próxima instancia será la resolución del fiscal Quintana sobre el pedido de prisión preventiva que solicitó tras las indagatorias, mientras avanza la identificación del resto de los clientes morosos mencionados por los imputados.