Una espera que se mide en meses: cómo se vive en los barrios de Córdoba la odisea para acceder a terapias, prótesis y medicamentos

Son las diez de la mañana de un martes cualquiera en el centro de Córdoba y, en la vereda de un hospital público, un grupo de personas se acomoda en bancos de plástico esperando que alguien les diga, de una vez por todas, cuándo les va a tocar el turno para certificar una discapacidad. El sol cae vertical, pesado, y el viento apenas mueve las hojas de los pocos árboles que dan algo de sombra. En esa escena, que se repite en distintas esquinas de la ciudad y del interior provincial, se concentran meses de peregrinaje, llamadas que no responden, papeles que se pierden y terapias que se pagan de bolsillo porque el sistema público o la obra social no llegan a tiempo. Esa postal es la que retrata, con crudeza, el informe que la Defensoría del Pueblo de Córdoba presentó el 5 de octubre de 2026 y que pone nombre y apellido a un padecimiento cotidiano.

El trabajo, elaborado con entrevistas y grupos focales, no pretende ser una medición estadística de todos los casos de la provincia, pero sí describe con precisión el recorrido que hacen las personas con discapacidad y sus familias. Y lo que cuenta es preocupante: conseguir el Certificado Único de Discapacidad, acceder a una rehabilitación o retirar una prótesis puede transformarse en una carrera de obstáculos que se mide en meses, cuando no en más de un año.

El CUD, primera puerta y primera traba

Para empezar a tramitar cualquier derecho, hay que pasar por las juntas evaluadoras que emiten el Certificado Único de Discapacidad. En la Ciudad de Córdoba funcionan en siete hospitales públicos, de los cuales dos son pediátricos, según detalla el relevamiento. En esos establecimientos, las citas para los más chicos se otorgan con esperas de dos a tres meses, un plazo que se vuelve eterno cuando de ese papel depende acceder a una pensión, a una cobertura de salud o a un lugar en una escuela con apoyos.

A esa espera inicial se suman las dificultades para conseguir consultas con los especialistas que deben intervenir en la evaluación. Neurología, psiquiatría infantil, traumatología: las agendas están saturadas y las familias deben moverse entre centros, peregrinar por distintos hospitales y, muchas veces, pagar estudios particulares para acelerar los tiempos. Lo que en los papeles debería resolverse en semanas, termina estirándose durante buena parte del año.

• CUD: dos a tres meses de espera en hospitales pediátricos de la Ciudad de Córdoba.
• Prótesis y medicamentos: demoras de cuatro a nueve meses, según el informe.
• Centros de rehabilitación: ingresos con esperas de nueve a catorce meses.
• Aranceles del nomenclador nacional: subieron 225% entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, frente a una inflación acumulada del 336%.
• Nafta súper: aumento del 559% en el mismo período; valor reconocido por kilómetro, 231%.
• Pagos atrasados: varios meses y hasta un año de demora por parte de obras sociales y programas estatales.

La voz de la Defensoría y el peso en las familias

“Hay demoras de cuatro a nueve meses para prótesis y medicamentos, y de nueve a catorce meses para acceder a centros de rehabilitación. Son plazos que condicionan los tratamientos y la economía de las familias.”Carlos Galoppo, defensor del Pueblo adjunto de Córdoba

Mientras tanto, las familias ponen plata de su bolsillo. Una madre entrevistada por la Defensoría contó que, después de sostener durante casi dos años la atención de su hijo de manera particular, llegó a desembolsar entre 150.000 y 180.000 pesos solo en sesiones, sin contar traslados, apoyos escolares ni medicamentos. A esos gastos se suma otra realidad que el informe subraya con preocupación: la sobrecarga de cuidados recae de manera desproporcionada sobre las mujeres. Madres que reducen su jornada laboral, que renuncian a trabajos formales o que directamente pierden ingresos para acompañar a sus hijos en terapias, turnos médicos y trámites.

El sol de aquel martes sigue pegando en la vereda del hospital y la fila, claro, no se mueve. En la misma cuadra, una abuela de barrio Alberdi le cuenta a otra que lleva cinco meses esperando una fecha para la prótesis de su nieto. A pocas calles, en un centro de rehabilitación del centro, una profesional le explica a Teresa Gordillo que ya tuvo que reducir gastos de funcionamiento porque las obras sociales les pagan tarde y mal. El relevamiento recoge atrasos de varios meses y, en algunos casos, de hasta un año en los pagos a prestadores, y los vincula con una inflación que corrió mucho más rápido que los aranceles: mientras los valores del nomenclador nacional subieron 225%, la nafta súper se disparó 559% y el reconocimiento por kilómetro apenas se movió 231%. Esa diferencia, dicen en el informe, explica por qué algunos servicios directamente dejan de ser sustentables.

En definitiva, lo que describe la Defensoría no es solo un problema administrativo: es una cadena de esperas, gastos y renuncias que se vive en los barrios, en las cocinas y en las salas de espera de toda Córdoba. Y que, mientras la fila sigue ahí, bajo el sol y contra el reloj, exige respuestas concretas para que un derecho reconocido en los papeles no se convierta, en la práctica, en una espera sin fin.