Una bicicleta, un candado y una multa que la Justicia de Neuquén no dejó sin efecto

Son pasadas las once de la mañana de un día cualquiera en Neuquén capital y el sol pega sin vueltas sobre la playa de estacionamiento de un supermercado que todavía no voy a nombrar, porque el expediente lleva años y la firma todavía no se ha cansado de pelear en los tribunales. Un cliente —me lo imagino con el changuito cruzando la puerta automática, la bicicleta con candado apoyada contra el bicicletero de hierro que el propio comercio ofrece— entró a hacer las compras de siempre y al salir ya no tenía dónde apoyar la mano. La bicicleta había desaparecido en el rato que él estuvo adentro eligiendo lo que llevaba a la mesa, y nadie, ningún guardia, ninguna cámara, ninguna advertencia, le devolvió lo que dejó atado y confiado en un lugar que el propio negocio había dispuesto para ese fin.

A partir de ahí empezó un camino administrativo que primero transitó por la Dirección Provincial de Protección al Consumidor, después pasó por la instancia judicial y finalmente terminó con la sanción ratificada, según me confirman fuentes del organismo. Lo que me cuentan, y acá sigo los papeles del expediente porque no tengo otro modo de saber cómo fue la cosa, es que el comercio apeló hasta el último tramo y la Justicia le dio la espalda. La multa equivale a cinco canastas básicas alimentarias, un número que en los papeles queda cerca de los 4 millones de pesos y que, dicho sea de paso, supera con holgura lo que habría costado reponer el rodado robado, un detalle que por estas tierras suele hacer ruido y que en este caso hizo mucho ruido.

El reclamo que sigue abierto en paralelo

Mientras el expediente administrativo quedó firme, el damnificado mantiene abierta su propia causa en el fuero civil, que es donde se pelea el resarcimiento económico directo. Lo que me remarcan desde la Dirección Provincial es que el paso por la administración no fue en vano: ese expediente funciona como prueba preconstituida para el proceso civil, una manera elegante de decir que ya tiene medio camino hecho en el momento de reclamar el valor de la bicicleta, los cambios de humor y la bronca de andar a pie hasta que se resuelva.

Por qué la responsabilidad recayó sobre el supermercado

La regla que aplicó el organismo es tan clara como antigua: quien habilita una playa de estacionamiento para que sus clientes dejen lo que llevan encima asume el deber de garantizar condiciones mínimas de seguridad en ese espacio, y si no lo hace, paga. En este caso se dieron dos condiciones que la doctrina consumeril suele mirar con atención: el usuario había tomado los recaudos razonables —dejó la bici en el bicicletero del establecimiento y la aseguró con candado— y el comercio, en vez de responder con hechos, prefirió mirar para otro lado y después discutir el asunto en los tribunales. La ley, al menos esta vez, no le dio la razón.

Sobre la cartelería con la que muchos supermercados juran que no se hacen cargo de lo que pasa en sus estacionamientos —esa que uno lee a veces sin detenerse, apurado, con el auto en marcha—, desde la Dirección Provincial de Protección al Consumidor me dijeron lo que ya saben quienes están en el tema: esos carteles no tienen valor legal y pueden inducir a confusión, dos razones más que suficientes como para que la propia autoridad de aplicación pueda labrar una infracción nueva si el comercio insiste con el aviso y termina pagando una multa adicional encima de la primera.