Condena efectiva para un enfermero rosarino que vendía medicamentos hospitalarios por redes sociales

Un enfermero del Policlínico PAMI II de Rosario fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por haber sustraído medicamentos de su lugar de trabajo y venderlos a través de redes sociales para consumo recreativo. La Justicia Federal de Rosario también lo inhabilitó por el mismo período para ejercer la enfermería y para ocupar cargos públicos, según fuentes judiciales.

Los cargos que reconoció el imputado

• Comercio de estupefacientes, por la venta de fentanilo.
• Comercialización de sustancias medicinales peligrosas con ocultamiento de su carácter nocivo, a partir de la circulación de bromuro de vecuronio.
• Hurto, por la sustracción de los medicamentos del policlínico.
• Tenencia ilegítima de un arma de fuego de uso civil, a raíz de una pistola secuestrada en uno de los allanamientos.

El caso quedó resuelto mediante un acuerdo pleno entre la defensa y la Fiscalía Federal N.º 2 de Rosario, a cargo de la investigación. L. B., de 50 años, aceptó los hechos, su intervención en ellos, la prueba reunida, la calificación legal y la pena solicitada por las partes. El juez federal de garantías Carlos Vera Barros homologó el convenio en una audiencia realizada el 4 de septiembre, sin que se haya precisado el año de esa jornada.

Según fuentes judiciales, la pesquisa acreditó que el enfermero trabajaba en el establecimiento desde 2014 y que, desde allí, obtenía las sustancias que luego ofrecía por mensajería y aplicaciones. Coordinaba entregas y percibía pagos por los medicamentos de uso hospitalario, que terminaban en manos de consumidores con fines recreativos.

El origen de la investigación fue la denuncia de un hombre, padre de un consumidor de 37 años hallado sin vida en su departamento el 9 de agosto de 2023. El progenitor aportó a la Unidad Fiscal Rosario el teléfono de su hijo y documentación en la que señalaba que éste compraba fentanilo y otras sustancias a un enfermero. A partir de esos datos, la justicia federal tomó intervención por la posible comercialización de medicamentos.

Los peritos analizaron conversaciones y mensajes de audio del dispositivo secuestrado, que permitieron reconstruir la mecánica de las ventas y vincular al trabajador sanitario con las operaciones. La causa penal por la muerte, en cambio, había quedado archivada en la justicia provincial: la autopsia no logró determinar una causa de muerte y el laboratorio no contaba con las técnicas necesarias para confirmar la presencia de vecuronio, aunque no se descartó un origen toxicológico.

Con la homologación del acuerdo, la condena quedó firme para L. B. y se ordenó su inmediata detención para el cumplimiento de la pena de cuatro años y seis meses en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal, mientras se aguarda la notificación a las defensas de las víctimas para evaluar los pasos a seguir en la causa.