Cinco fiscales federales piden detener a exdirectivos del Puerto de Rosario por una maniobra de lavado de casi 16 años

Cinco fiscales federales pidieron esta semana la detención de exdirectivos de Terminal Puerto Rosario (TPR) en una causa que describe cómo la concesionaria del puerto local funcionó durante casi dieciséis años como pantalla para blanquear dinero proveniente de la corrupción política en Cataluña y del tráfico de cocaína en Rosario, según fuentes judiciales.

El expediente, impulsado por la Fiscalía Federal N.º 3, investiga dos orígenes de fondos que confluyeron en la terminal: por un lado, transferencias de una firma offshore vinculada a Jordi Pujol Ferrusola; por otro, ganancias del narcotráfico que circularon por la misma estructura societaria, de acuerdo con el dictamen al que tuvo acceso este portal.

El eje de la acusación

La pieza central de la maniobra señalada es Gustavo Pedro Shanahan (G.P.S.), contador de 67 años y ex presidente de TPR. En 2023, un tribunal oral ya lo condenó a siete años de prisión por integrar la organización de un narcotraficante peruano. La sentencia acreditó que Shanahan operó desde una financiera ubicada en calle España al 889, una de las cuevas de cambio más grandes de la ciudad, donde proveía dólares para la compra de cocaína.

Un allanamiento realizado en octubre de 2021 en ese local permitió secuestrar más de 34 millones de pesos, divisas, más de cuatro kilos de cocaína y armas, según consta en el expediente.

La conexión con Cataluña

La causa actual agrega una segunda capa. Entre 2004 y 2005 ingresaron a TPR unos 1.850.000 euros procedentes de una sociedad offshore vinculada a Jordi Pujol Ferrusola (J.P.F.). Ese capital se canalizó a una firma local que lo utilizó para financiar la expansión de la concesionaria. La justicia española, en un fallo confirmado en 2021, declaró ilícito el patrimonio acumulado por la familia Pujol y lo atribuyó a comisiones y sobornos ligados a la adjudicación de obra pública y de licencias urbanísticas en Cataluña durante décadas.

El esquema en tres pasos

• Ingreso del dinero: los fondos de origen ilícito entraban al puerto disfrazados de inversión societaria.
• Transformación del activo: entre 2010 y 2012, el paquete accionario se vendió por tramos a empresas del sector agroexportador, de modo que el dinero ingresó como aporte y egresó como precio de venta.
• Egreso al exterior: parte de esos fondos regresó al exterior mediante un convenio de préstamo simulado que transfirió a Shanahan 850.000 dólares en cuotas a una cuenta en los Estados Unidos.

Para esta última etapa, los fiscales identificaron al menos diez contratos de préstamo entre empresas del grupo y otras firmas, en los que se depositaban cheques y se retiraba el equivalente en efectivo de inmediato, con el único fin de simular operaciones y darles apariencia lícita, según fuentes judiciales.

El pedido de embargo alcanza unos 100 millones de dólares y apunta a bienes inmuebles, vehículos y cuentas bancarias registrados a nombre de los imputados y de sociedades vinculadas. La próxima instancia será la resolución del juez federal sobre las detenciones solicitadas y sobre el alcance de los secuestros preventivos.